Agricultores quechuas de Ayacucho diversifican sus cultivos para asegurar la alimentación de sus familias.

A la izquierda, el bello color de la flor de la papa contrasta con las oscuras y retorcidas hojas de la derecha. Estos cultivos fueron quemados por la intensa helada que se presentó días atrás. Sin embargo, sus efectos no fueron los mismos en toda esta parcela. Lucas Tenorio, sabe por qué.

“La papa huayro resiste más el frío. La revolución se quema toda. No aguanta”, explica este habitante del centro poblado San Juan de Chito en Ayacucho. A 3, 386 metros sobre el nivel del mar, los cultivos de Tenorio han sido golpeados por las últimas heladas que se presentaron en la provincia de Vilcas Huamán desde inicios de Abril.

Mientras que los productos mejorados son el resultado de programas de mejoramiento genético, exigentes en el uso de tierra, abonamiento y control de plagas, las variedades nativas han sido ancestralmente domesticadas por los pueblos andinos y prueban hoy ser resistentes a los impactos negativos del cambio climático.

Tenorio es promotor de soberanía y seguridad alimentaria de su pueblo y en su quehacer ha recuperado cerca de sesenta tipos de papas nativas.

El sembrar sus cultivos en diferentes pisos ecológicos, dando prioridad a las especies nativas, le permitió a él, su esposa, y sus dos hijos mayores, el reducir las pérdidas en la cosecha y asegurar su alimentación por los próximos nueve meses.

La rápida cocción de este producto contribuye también a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Las familias ahorran una considerable cantidad de leña y otros combustibles. “Estas papas solo se sancochan”. Hay otras que se usan para preparar sopas y frituras. El resto las secamos y almacenamos”, refiere Tenorio.

Raúl Hinostroza, ingeniero agrónomo y representante de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, señala que existen además  grandes ventajas nutricionales.  “Las papas de color oscuro son más sabrosas. Además captan más energía del sol, concentrando mayor cantidad de carbohidratos y otros nutrientes”, indicó.

Se precisa solo de una ingesta pequeña para obtener gran cantidad de energía. “Son muy arenosas. Comiendo tan solo dos papas una persona adulta puede sentirse satisfecha”, señala.

Pero si han probado adaptarse al cambio climático y ser una valiosa fuente de nutrientes, ¿por qué no sembrar solo productos nativos? “Los compradores y los programas del Estado quieren papa de las variedades peruanita u otra variedad mejorada. Las familias destinan una parte de lo que siembran para cubrir esta demanda y así asegurarse un ingreso”, explica Hinostroza.

Según Hinostroza esta visión solo apuntaría a dinamizar la economía local, sin tener en cuenta la salud de hombres, mujeres, jóvenes y niños en estas remotas localidades de la sierra sur del país. “Si siembran solo eso, ¿cómo van a diversificar su comida?”, reflexiona.

Alimento del futuro

La clave de una alimentación saludable es la combinación balanceada de alimentos. Pero, ¿qué ocurre si no se dispone de una cantidad adecuada? El exceso de lluvias en este poblado también empobreció buena parte de las mazorcas de maíz, uno de los principales cereales andinos.

En este desalentador escenario, los maíces nativos destacan por la calidad de su grano y su resistencia frente a los embates de los cambios del clima. “Las nativas resisten mejor. Claro, unas más que otras”, dice Tenorio. “Los maíces nativos son también resistentes a la sequía”, agrega.

Casi 90 ecotipos de maíces fueron sembrados en los 2,000 metros cuadrados de una de las parcelas de Tenorio. Los ecotipos son el resultado del cruce de especies, de las que nacen mazorcas que sorprenden por su diversidad de colores. A su vez, estos maíces pueden ser preparados una variedad infinita de platillos, entre sopas, mazamorras, canchas y picantes.

Hugo Salvatierra, responsable del Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria de CHIRAPAQ, califica al maíz como una planta del futuro. “Aunque no crezca lo suficiente siempre da una mazorca. Resiste el calor y el frío y queda siempre algo para la alimentación”, revela.

Salvatierra explica además que su potencial no solo esta en la mazorca. La caña del maíz es sumamente dulce y es alimento predilecto entre grandes y chicos.

“El rastrojo del maíz lo recogemos para alimentar a nuestros ganados. Lo secamos y lo almacenamos para cuando hay escasez de pastos. Esto es de agosto a diciembre, cuando la helada ya lo ha quemado todo”, manifiesta Tenorio.

La curiosidad científica del pueblo quechua, sus saberes sobre el manejo de pisos altitudinales y el conocimiento sobre su biodiversidad local son aportes que pueden ser empleados para erradicar la desnutrición en nuestro país y el mundo.

CHIRAPAQ, junto con familias quechuas de Vilcas Huamán, busca incrementar el rendimiento de la producción agropecuaria identificando las especies nativas que se adaptan mejor al cambio climático.

La propuesta es impulsada junto con los Gobiernos Locales, la Asociación de Promotores y Promotoras en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria APASSA, e implementada con el apoyo de Pan para el Mundo y la Fundación Ford.

La cosmovisión esta llena de una  riquísima tradición oral, transmitida de generación en generación por nuestros antepasados.

Nuestros pueblos mantienen viva una historia propia y comparten sus tradiciones, mitos y pensamiento mágico de nuestra cultura. Nuestros astros,  apus, manantiales, ríos y las montañas  son parte de la madre tierra y son cuidadas entendiendo que nosotros somos parte de ella.

Sin embargo, existe  mucha gente  en nuestra comunidades que esta olvidando respetar y revalorar nuestras tradiciones orales y el pensamiento propio de los pueblos indígenas.

Escríbenos a ayllu@chirapaq.org.pe para enviarnos tu opinión y proponer próximos temas.

Producción: Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho.
Conducción: Guillermo Allcca Juan de Dios, Diana Najarro Rojas.
Emisión: 04 de Mayo, 2013 – Radio Quispillaccta (Ayacucho).
Idioma: Quechua.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas expresa su pesar por la partida de Javier Diez Canseco quién este sábado pasó a la otra dimensión de la vida.

Hoy en la tarde nos hemos congregado junto con las miles de personas que le dieron el último adiós en un sentido y merecido homenaje.

Diez Canseco deja el legado de un político consecuente y coherente, que siempre lucho por la defensa de los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos.

Foto: El Comercio.

Líderes indígenas de todo el mundo instan a los gobiernos y organizaciones sociales a continuar brindando sus aportes.

A través de los testimonios en video de reconocidos líderes indígenas, se dio a conocer la importancia del Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas en la lucha por la defensa de sus derechos y comunidades.

“El espacio de las Naciones Unidas aquí en Ginebra o en Nueva York primero es una escuela. Segundo es una oportunidad de incidir, de hacer alianza y conocer otras experiencias y liderazgos de otras partes del mundo”, expresó Tarcila Rivera Zea, presidenta de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú y coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA.

La película, dirigida por Melanie Nielsen Emonet, apunta a crear conciencia y promover el mandato del fondo. En la misma, hombres y mujeres indígenas de todos los continentes comparten sus experiencias sobre su participación en el sistema de la ONU y brindan ejemplos de cómo han promovido iniciativas locales para el reconocimiento de sus derechos.

“Más de 250 indígenas wayuu han sido asesinados durante el conflicto armado interno en Colombia”, denunció Karmen Ramírez Boscán, activista indígena y miembro también del ECMIA.

La lideresa colombiana explicó que gracias a la participación de las mujeres wayuu, se han elevado recomendaciones a las Naciones Unidas con el fin de que Colombia las adopte como política nacional y logren detener la pérdida de más vidas indígenas.

El propósito del Fondo es sufragar los gastos de viaje de representantes de las comunidades y organizaciones en las diversas instancias de la ONU. Entre ellas el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos de tratados de derechos humanos y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.

Su presencia en estos espacios se financia con contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas o públicas.

Desde su creación el 1985, el Fondo ha permitido el que más de 1,600 representantes indígenas participen en los procesos y mecanismos de la ONU, asegurando que las voces y preocupaciones de los pueblos indígenas sean escuchadas en las Naciones Unidas.

Conozca más acerca de los criterios de selección para postulantes y cómo contribuir al fondo en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos OACDH.

Foto: Broddi Sigurdarson.

Señalan que controversia sobre identidad indígena de los pueblos andinos ya fue rebatida por las Naciones Unidas.

El cuestionar si los pueblos andinos son indígenas o no es usado como estrategia por un sector del gobierno que teme que la aplicación de consulta previa en el Perú reduzca las inversiones y frene el acelerado crecimiento económico que nuestro país experimenta en años recientes.

El anuncio extraoficial de la salida del viceministro de interculturalidad, Iván Lanegra, ante presiones de las carteras de energía y minas y economía, así lo confirman.

“Toda mi vida me dijeron comemote, india, serrana. Y ahora que defiendo mis derechos, me dicen que no soy nada de lo que me decían que era”, nos cuenta una mujer quechua que hoy reside en Lima.

Desde la concepción de la Ley de consulta previa y la guía metodológica para su implementación, el identificar quien es indígena, es decir, quién es sujeto a ser consultado, conlleva numerosas restricciones y requisitos difíciles de cumplir. Entre ellos, el probar nuestra descendencia indígena y el que mantenemos nuestras instituciones tradicionales propias.

Conservar todo o en parte de las instituciones y cultura originaria, dentro de nuestra tradición académica y política, ha resultado polémico y difícil de establecer y en la práctica social ha sido pretexto para sostener que en realidad no hay pueblos indígenas en nuestro país o que su presencia es mínima.

Continuar circunscribiendo a los pueblos indígenas dentro de comunidades es una visión esencialista y cerrada de lo que significa ser indígena hoy en pleno siglo XXI, cuando la identidad trasciende el ámbito de las comunidades y alcanza también las urbes y se transforma y renueva constantemente con el paso de la historia.

En el Perú el auto reconocerse parte de un pueblo indígena es un proceso reciente, que arrastra taras y herencias dolorosas de racismo y discriminación relacionadas con la denominación peyorativa de indios y que intentó ser superada con el nombre de campesinos, que en la práctica, ha significado una fragmentación cultural y social, de la cual han sacado partido diferentes gobiernos y empresas.

No resulta pues extraño que se cuestione además el que las comunidades de la costa no sean incluidas dentro del proceso de consulta, en previsión de que los proyectos agroindustriales sean sometidas a dicho instrumento.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú, desde hace más de 25 años, promueve la afirmación de la identidad cultural y el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos. Integrados por andinos y amazónicos y por nuestra alianza con organizaciones indígenas en ambos ámbitos, rechazamos el que se pretenda cuestionar quienes somos indígenas.

Consideramos que esta noción recae más bien en una reflexión íntima, personal, sobre nuestros orígenes, el espíritu del vivir colectivo y la cultura de nuestros antepasados tal y como lo señalan instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

A nivel internacional, los argumentos esgrimidos por este sector del gobierno han sido rebatidos y superados ampliamente.

Ya en 2009 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CERD dijo al Perú que el uso de los términos “comunidades campesinas” y “comunidades nativas” corresponden a la categoría de “pueblos indígenas” y que por lo tanto, estas también tienen derecho a ser consultadas.

Ese mismo año, la Organización Internacional del Trabajo OIT, señaló que las comunidades campesinas, independientemente de su denominación, también son sujetas al Convenio Nro.169 por contar con una cultura y estructura social y económica propias y estar regidas por sus propias costumbres y tradiciones.

De vuelta a nuestro país, avances legislativos como la Ley Nº 27811, que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, esclarece que no es necesario el uso del término “indígena” para asegurar la protección de nuestros derechos.

La Defensoría del Pueblo también ha indicado en informes anteriores que es necesario contar con la participación de las organizaciones indígenas para fijar los criterios y mecanismos de identificación aplicables a la consulta.

Asimismo, manifestó claramente que en el Perú existe una discriminación histórica que acompaña el uso del término indígena, pero que ello no debería frenar la protección de los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad y libre desarrollo.

Lo que identificamos dentro del proceso de implementación de la Ley Consulta es la necesidad de restringir y reducir a un mínimo posible lo indígena, circunscribirlo a espacios geográficos definidos y reducir el número de pueblos y comunidades a ser consultados estableciendo criterios que no forman parte de lo establecido en el Convenio Nro.169 de la OIT.

Reafirmamos lo dicho por el Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, durante su reciente paso por Lima: es el Estado quien debe facilitar la construcción de consensos en el futuro y una paz social duradera para los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto a través de la consulta.

CHIRAPAQ hace un llamado a la sociedad en su conjunto, para abrir nuestras mentes y despertar nuestro aletargado sentido de la justicia y la democracia, a fin de no permitir que la demanda de bienestar económico restrinja aún más los derechos de compatriotas históricamente excluidos, como son los pueblos indígenas.

Por el contrario, consideramos que la consulta permitiría un mayor control sobre el manejo de nuestros recursos naturales, brindándole la oportunidad a aquellos que los han preservado, de aportar en estas decisiones con miras hacia una nueva visión de desarrollo sostenible, que asegure este legado a las generaciones futuras y en beneficio de todos.

Comunidades andinas cumplen con criterios para ser definidas como pueblos indígenas, señaló la joven activista quechua Tania Pariona.

Lima, 01 mayo 2013 (Reuters/Por Mitra Taj y Teresa Cespedes).- Un funcionario clave del Gobierno peruano renunciará en los próximos días, dijeron fuentes a Reuters, en medio de una pugna en el gabinete sobre qué pueblos indígenas deben ser incluidos en una ley que ha frenado millonarios proyectos de inversión y cuya controversia puede escalar en protestas sociales.

La prevista salida del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, llevaría a un retroceso en la implementación en la llamada “Ley de Consulta Previa”, promulgada hace más de un año, por la que las empresas deben solicitar opinión a las “comunidades indígenas y originarias” sobre sus planes de extracción de recursos naturales.

Aunque la opinión indígena no es vinculante, la lentitud en la reglamentación de la norma ha generado que se retrasen algunas inversiones en el sector minero y en procesos de concesión de lotes de hidrocarburos en la selva del país.

La inclusión en esta ley de las comunidades campesinas o “quechua-hablantes”, ubicadas principalmente en los Andes donde las grandes mineras esperan iniciar sus nuevos proyectos, generó un enfrentamiento entre algunos miembros del Gobierno que no las consideran “indígenas” ni “originarias”.

Eso implicaría que sólo se incluirá a las tribus amazónicas y a algunos pequeños grupos aymaras y uros en el sur del país.

Seis fuentes afirmaron a Reuters en los últimos días que quien presionó fuertemente para que no se incluyera a las comunidades quechuas en la ley de consulta fue el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en contra de lo reglamentado por Lanegra.

Reuters buscó comentarios del ministro Merino en torno al tema, pero su portafolio no accedió de inmediato a los pedidos.

Disparándose en el pie

“Merino ha convencido al presidente que las comunidades quechuas deberían ser excluidas. Parece que Merino ha ganado”, dijo una influyente ex funcionaria de alto rango ahora estrechamente ligada a los actores involucrados en el tema.

“Creo que es un gran error y todos nosotros pagaremos al final del día”, afirmó la ex funcionaria que solicitó no ser identificada. “Cuando estas comunidades estén molestas van a atacar justo debajo de nuestras narices, las minas”, agregó.

La ley de consulta es fundamental para concretar proyectos mineros, vitales para la economía de Perú porque sus exportaciones representan el 60 por ciento de los envíos totales del país, uno de los mayores productores de metales del mundo.

Perú tiene en cartera proyectos mineros y energéticos por unos 60.000 millones de dólares para los próximos años, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

Una fuente de la industria minera dijo que Merino “se ha dado cuenta que con esta ley el Gobierno se ha disparado en el pie y que está retrasando los proyectos en el sector minero”.

El presidente Ollanta Humala, un militar retirado, busca impulsar las inversiones en el sector para sostener el fuerte crecimiento económico del país y cumplir su promesa de trasladar los beneficios de este auge a los pobres.

En el 2009, durante el Gobierno de Alan García, al menos 33 personas murieron tras un choque entre la policía y los indígenas de la localidad selvática de Bagua, quienes exigían por sus territorios y recursos naturales.

Humala firmó la ley de consulta poco después de acceder al poder en el 2011, tras prometer otorgar más poder a los pueblos indígenas, históricamente relegados del desarrollo del país.

“En el caso de minería, es muy importante mantenernos como un país competitivo para las exploraciones, si no hay exploraciones no hay proyectos mineros”, dijo Merino a la estación de televisión Canal N.

Revisión de comunidades

Hace unos días, Humala hizo eco a la visión que tiene Merino sobre las “comunidades indígenas” y dijo que se “está viendo un proceso de revisión de comunidades”.

“En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria (…), más que todo las comunidades nativas se ven en la selva”, afirmó Humala.

El Ministerio de Cultura, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ha identificado a 52 pueblos indígenas en el país: 48 de origen amazónico y cuatro de origen andino, entre ellos los quechuas.

“No pueden desconocerse los derechos de las comunidades campesinas a tener acceso a los derechos colectivos vinculados con los pueblos indígenas. Es una necesidad”, afirmó Lanegra el pasado viernes, en un foro sobre los derechos de indígenas.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, las comunidades campesinas son propietarias del 18,74 por ciento del territorio peruano y las amazónicas son dueñas del 8,56 por ciento.

“Las comunidades campesinas tenemos raíces históricas y de pueblos étnicos preincas. Hay lengua, costumbres, formas de vida propia, todos los criterios que definen ser pueblo indígena”, dijo Tania Pariona, una activista quechua.

El viceministro Lanegra ha argumentado que el Convenio 169 de la OIT no hace referencia a la “indefensión” o “puridad” cultural, pero sí de la “diferencia cultural”. “La cultura indígena quechua-hablante es una realidad diferenciable”, agregó recientemente.

Para el primer ministro, Juan Jiménez, la base de datos de pueblos indígenas aún se está elaborando. “Es un registro que se va a ir armando en el tiempo”, precisó.

El Estado ha elevado su presencia en zonas donde se ha producido protestas por temores a que la minería contamine el ambiente, luego de que al menos 24 personas murieran en conflictos sociales en los casi dos años de Gobierno de Humala.

Foto: CHIRAPAQ.

Lea el artículo en Reuters.

Tania Pariona, young quechua leader of the Ñuqanchick organization, told Reuters that indigenous peoples should decide their own forms of development.

Lima, May 1st 2013 (Reuters/By Mitra Taj and Teresa Cespedes).- Peru’s mining minister is winning a crucial cabinet battle by swaying President Ollanta Humala to water down a law that gives indigenous groups more say over new mines and oil projects – and a deputy minister will likely resign in protest.

According to half a dozen people with direct knowledge of the internal tug-of-war, Mines and Energy Minister Jorge Merino has prevailed in excluding Quechua-speaking communities in the mineral-rich Andes from being covered by the law.

Sources said he fears applying the law throughout the highlands – as the government once said it planned to do – would delay a pipeline of mining investments worth $50 billion.

Several people in Merino’s office declined repeated requests by phone and email for comment.

The tussle underscores a quandary facing Peru, one of Latin America’ fastest-growing economies: how to develop its vast mineral wealth while also addressing a legacy of inequality from its colonial past.

The “prior consultation law,” which Humala touted during his 2011 campaign as a salve for widespread conflicts over natural resources, requires companies to negotiate agreements with indigenous communities before building new mines or oil wells around their lands.

It does not give the communities the power to veto a project, but miners have said it could snarl approvals for new mines for everything from gold to lead.

“Merino has realized that with this law the government was shooting itself in the foot,” an industry source said.

Eva Arias, the head of the country’s association of mining firms, was more diplomatic.

“We hope the law isn’t politicized. It could be a tool to forge consensus and development … otherwise it could slow investments,” she told reporters.

Foreign investment in mining has traditionally powered Peru’s fast-growing economy. Sources from the private sector and government said the debate over how to apply the new law has pitted the mining and finance ministries against the ministries of culture, environment and social inclusion.

Ivan Lanegra, a deputy minister for culture charged with implementing the law, plans to quit over the changes as soon as this week, two well-placed sources said.

“Merino seems to have won,” said a former cabinet chief close to the controversy, adding the changes might worsen the tensions between towns and firms the law aimed to prevent.

“I think this is a big mistake and we will all pay at the end of the day,” the source said. “When these communities get angry they are going to attack the mines under their noses.”

Humala has reshuffled his cabinet twice since taking office after anti-mining protests turned violent.

Quechua – the language of the Incan empire – is spoken by an estimated 3 million to 5 million people in Peru. The Quechua are the most numerous and widespread of about 50 indigenous groups in Peru.

Denial of Rights?

Lanegra maintains the law should cover Andean Quechua-speaking communities because they are “indigenous” – with a unique language and culture, and shared use of land.

Merino’s position is that the Quechua should not be considered “indigenous” under the law because they mixed with Spanish colonizers centuries ago, often have formal town assemblies, and are less isolated than Amazon tribes.

Quechua activists say they view themselves as indigenous.

“We don’t want to be invisible anymore. We want the right to say ‘this is what we want in terms of development,’” said Tania Pariona, a Quechua leader from the Ayacucho region.

Quechua towns have often been called “peasant communities” since an agrarian reform in the 1970s, but tribes in the Amazon – which holds most of Peru’s oil and gas fields – are referred to as “indigenous” or “native.”

Peru’s human rights office said “peasant communities” hold about 19 percent of all land and “native communities” 9 percent.

Humala, speaking on TV on Sunday, seemed to endorse Merino’s stance.

“In the highlands there are mostly agrarian communities … indigenous communities are mostly in the jungle,” Humala said.

“The spirit of the law is to give voice to communities that don’t have one,” Humala said. “These days few communities lack an official like a mayor that links them to the government.”

Humala’s position may further frustrate critics who say he abandoned parts of the left that voted for him and cuddled up to big business after taking office.

“It’s not about vulnerability or cultural ‘purity,’ but ‘cultural difference,’” Lanegra said days before Humala spoke.

“Quechua are indigenous. There is no way around it,” under Peru’s law and the U.N. pact on indigenous rights, Lanegra said.

Case-by-case basis

Lanegra also wanted exploratory mining projects to adhere to the law, but last week the government exempted 14 of them.

“If there is no exploration there is no mining,” said Merino on local TV station Canal N. “We have to stay competitive, otherwise we’ll see investments go somewhere else.”

Mining makes up some 60 percent of Peru’s export earnings, though domestic spending has driven the country’s impressive 6 percent annual growth rates in recent years.

More than 20 countries have ratified the U.N. pact on indigenous rights, and officials regard Peru as the first to codify a prior consultation law.

After taking office, Humala signed the law in 2011 in the jungle town of Bagua, where a clash between police and Amazon tribes killed 33 people in 2009, hurting President Alan Garcia, whose term was marked by some 200 deaths in protests.

Humala at the time specifically mentioned the Quechua as a group that would be covered by the law.

At least 24 people have died in social conflicts so far during Humala’s administration – mainly over natural resources.

Many towns fear mining will pollute, use up scarce water supplies, or fail to bring enough jobs and tax revenues.

Nearly 1.5 years since Congress passed the law, Peru is now leaning towards determining if a community is eligible for coverage on an ad-hoc basis.

“The registry of indigenous peoples will develop as time goes by,” Prime Minister Juan Jimenez told Reuters last week.

(Additional reporting by Patricia Velez and Terry Wade; Editing by Mary Milliken and Philip Barbara)

Photo: CHIRAPAQ.

Read this article on Reuters website.

Tania Pariona, joven lideresa quechua de la organización Ñuqanchick, declaró a Reuters que pueblos indígenas deben decidir su propio desarrollo.

Lima, 01 mayo 2013 (Reuters/Por Mitra Taj y Teresa Cespedes).-  El ministro de minería del Perú está ganando una batalla crucial del gabinete al persuadir al presidente Ollanta Humala para debilitar una ley que da a los grupos indígenas mayor injerencia sobre las nuevas minas y proyectos petroleros – y un viceministro probablemente dimitirá en señal de protesta.

Según media docena personas, con conocimiento directo del tira y afloja interno, el ministro de energía y minas, Jorge Merino, ha prevalecido en la exclusión de las comunidades quechuas de los Andes, ricas en minerales, que serían amparadas por esta ley.

Fuentes dijeron que Merino teme que la aplicación de la ley a lo largo de la sierra – como el gobierno dijo planeaba hacer – demoraría una grueso de inversiones mineras de 50 billones de dólares.

Varias personas en oficina de Merino declinaron reiteradas solicitudes por teléfono y correo electrónico para dar sus comentarios.

La pelea subraya un dilema que enfrenta el Perú, una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina: cómo aprovechar su enorme riqueza mineral mientras abordan un legado de la desigualdad de su pasado colonial.

La “Ley de consulta previa”, que Humala promocionó durante su campaña de 2011 como un bálsamo para conflictos sobre los recursos naturales, obliga a las empresas a negociar acuerdos con las comunidades indígenas antes de construir nuevas minas o pozos petroleros en sus tierras.

Si bien no da a las comunidades el poder de vetar un proyecto, los mineros han dicho que podría frenar aprobaciones de nuevas minas para todo, desde el oro al plomo.

“Merino se ha dado cuenta que con esta ley el gobierno se estaba perjudicando a sí mismo”, dijo una fuente de la industria.

Eva Arias, presidenta de la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, fue más diplomática.

“Esperamos que la ley no este politizada. Podría ser una herramienta para forjar un consenso y desarrollo… de lo contrario retrasarían las inversiones”, dijo a la prensa.

Tradicionalmente, la inversión extranjera en la minería ha impulsado la economía de rápido crecimiento del Perú. Fuentes del sector privado y el gobierno dijeron que el debate sobre cómo aplicar la nueva ley ha enfrentado a los ministerios de minería y economía contra los ministerios de cultura, del ambiente e inclusión social.

Ivan Lanegra, viceministro de Interculturalidad y encargado de implementar la ley, planea renunciar debido a estos cambios al terminar la semana, informaron dos fuentes de alta jerarquía.

“Merino parece haber ganado,” dijo un ex jefe de gabinete acerca de la controversia, agregando que los cambios podrían empeorar las tensiones entre los pueblos indígenas y las empresas, mismas que la ley pretendía evitar.

“Creo que es un gran error que pagaremos al final del día”, dijo la fuente. “Cuando estas comunidades se encolericen van a atacar a las minas bajo sus propias narices”.

Humala ha modificado su gabinete dos veces desde que las protestas contra la minería se tornaran violentas.

El Quechua – la lengua del Imperio Inca – es hablado por aproximadamente entre 3 y 5 millones de personas en Perú. El quechua es uno de los más numerosos y extensos pueblos de los casi 50 grupos indígenas que existen en el Perú.

¿Negación de derechos?

Lanegra mantiene que la ley debe incluir a las comunidades quechuas andinas porque son “indígenas” – con una única lengua y cultura, y el uso compartido de la tierra.

La posición de Merino es que el pueblo quechua no debe considerarse “indígena” bajo la ley porque se mezclaron con los colonizadores españoles hace siglos, a menudo sostienen asambleas comunitarias formales, y están menos aislados que los pueblos indígenas de la Amazonía.

Los activistas quechuas dicen verse a sí mismos como indígenas.

“No queremos ser invisible nunca más. Queremos el derecho a decir ‘esto es lo que queremos en términos de desarrollo,’ “dijo Tania Pariona, joven lideresa quechua de la región Ayacucho.

Los pueblos quechua a menudo han sido llamados “comunidades campesinas” desde la reforma agraria en la década de 1970, pero en la Amazonía – que contiene la mayor parte de proyectos de gas y petróleo del Perú – se conocen como “indígenas” o “nativas”.

La Defensoría del Pueblo dice que las “comunidades campesinas” poseen alrededor del 19% de toda la tierra y las “comunidades nativas” tan solo el 9%.

Las declaraciones de Humala, en una entrevista en televisión difundida el domingo, parecen respaldar la postura de Merino.

“En las tierras andinas hay principalmente comunidades agrarias… las comunidades indígenas están en su mayoría en la selva,” dijo Humala.

“El espíritu de la ley es dar voz a las comunidades que no la tienen”, dijo Humala. “Actualmente son pocas las comunidades que no cuentan con un representante, como un alcalde, que las articule con el gobierno.”

La posición adoptada por Humala puede frustrar aún más a los críticos que dicen que el presidente abandonó a parte de la izquierda que voto por él y se alineo con las grandes empresas al asumir el cargo.

“No es sobre la vulnerabilidad o la ‘pureza’ cultural, pero sí sobre la ‘diferencia cultural’,” dijo Lanegra días antes de las declaraciones de Humala.

“Los quechua son indígenas. No hay otro modo de verlo, bajo la ley peruana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Lanegra.

Evaluar caso por caso

Lanegra quería también que los proyectos de exploración minera se adhirieran a la ley, pero la semana pasada el gobierno eximió a 14 de ellos.

“Si no hay exploración no hay minería”, dijo Merino a la televisora Canal N. “Tenemos que seguir siendo competitivos, de lo contrario veremos como las inversiones senvan a otra parte”.

La minería constituye un 60% de los ingresos de exportación de Perú, aunque el gasto interno aunque haya elevado la tasa anual de crecimiento del país a un impresionante 6% en los últimos años.

Más de 20 países han ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y funcionarios respetan el que Perú sea el primer país en reglamentar una ley de consulta previa.

Después de asumir el cargo, Humala firmó la ley en 2011 en la ciudad de amazónica de Bagua, donde un enfrentamiento entre la policía y los indígenas de la Amazonia mató a 33 personas en 2009, perjudicando al entonces presidente Alan García, cuyo mandato estuvo marcado por unos 200 muertos en las protestas.

En aquel momento Humala señaló que el pueblo quechua sería uno de los grupos que incluiría la ley.

Al menos 24 personas han muerto hasta el momento en conflictos sociales durante la administración de Humala –principalmente por disputas sobre los recursos naturales.

Muchos pueblos temen que la minería contamine, consuma las escasas fuentes de agua o no lleve la suficiente cantidad de empleos e ingresos por recaudación de impuestos.

Casi un año y medio desde que el Congreso aprobó la ley, Perú se inclina ahora a determinar si una comunidad es apta para ser considerada o no por la misma según se crea conveniente.

“El registro de los pueblos indígenas se desarrollara a medida que pase el tiempo”, dijo a Reuters el primer ministro, Juan Jimenez, la semana pasada.

(Información adicional de Patricia Velez y Terry Wade; Edición a cargo de Mary Milliken y Philip Barbara)

Traducción al español / Foto: CHIRAPAQ.

Lea el artículo en Reuters.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú fue elegida para conducir secretaria de prensa y comunicación.

La presencia de candidatos jóvenes destacó en las elecciones de la nueva junta directiva del Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana IRJA. Los nombramientos se llevaron a cabo el 19 de abril, en el local del Centro Loyola en Ayacucho, durante una votación en la que participaron organizaciones juveniles y sociales de la región.

La Organización de Jóvenes Indígenas Ñuqanchick participó en estas elecciones que determinarán el futuro de las políticas públicas para la juventud indígena en Ayacucho. Esta organización demandó que las plazas fueran ocupadas en mayor porcentaje por jóvenes, emplazando dicha propuesta en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del IRJA.

Ñuqanchick saludó la elección de la nueva junta directiva y exhortó a sus miembros a descentralizar la labor del IRJA hacia las once provincias, a fin de recoger las demandas de los jóvenes que habitan en las zonas rurales del ande y la amazonía, especialmente de aquellos que pertenecen a un pueblo indígena.

Asimismo, exigió la inmediata aprobación del Plan Regional de la Juventud Ayacuchana. Ñuqanchick solicitó que esta hoja de ruta priorice la promoción de la identidad cultural de la juventud no solo a través de la difusión del arte y las expresiones del folclor local. Para estos jóvenes lideres, la identidad debe ser abordada también en ámbitos como la salud y la educación.

La asociación de mujeres Wiñay Warmi, asumió la presidencia del IRJA. La vicepresidencia fue otorgada a la organización Juventud Retama. Las secretarias de actas, economía, y de organización quedaron bajo responsabilidad de la Dirección Regional de Salud DIRESA, el Gobierno Regional de Ayacucho y la Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política CORAVIP, respectivamente.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú fue elegida para conducir la secretaria de prensa y comunicación.

El IRJA es un órgano consultivo de coordinación y participación del Gobierno Regional de Ayacucho. Fue instituido en 2012 con la finalidad de crear un espacio de discusión y de concertación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que afectan el desarrollo de la juventud.

La ideología racista sobre la cual se asienta la estructura de nuestra sociedad y gobierno dificulta la aplicación del derecho a la consulta previa libre e informada, manifestaron este viernes en Lima representantes del Estado y líderes indígenas del Perú en el taller organizado por la Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO y la Defensoría del Pueblo de este país.

“Tenemos un Estado, en el cual los funcionarios piensan básicamente en solo una cultura, la propia. La capacidad para poder relacionarse con culturas distintas es muy limitada” expresó Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad.

Para Lanegra, el cambiar la mentalidad de los encargados de aplicar la consulta requerirá más que un aprendizaje sobre los derechos de los pueblos indígenas. De acuerdo al viceministro la modificación de estas actitudes racistas “se logrará a largo plazo, después de un proceso muy largo de práctica, acción y relacionamiento con los pueblos indígenas”.

Sobre los cuestionamientos en la elaboración y pertinencia de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, a ser usada en los procesos de consulta previa, Lanegra señaló que este instrumento “no va a definir quien es indígena y quien no, sino al titular del derecho colectivo”.

“Sentimos que la ideología de la discriminación y de racismo está tan asentada en cada uno de nosotros que no permiten que se implemente normas como la consulta”, manifestó la joven lideresa quechua, Tania Pariona, en representación de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú.

Pariona señaló que para realizar un verdadero proceso de consulta los funcionarios de Estado deben entenderla no solo como una medida administrativa más, sino como un derecho que ostentan los pueblos indígenas y que por ende debe ser respetado. Asimismo, que se requiere “promover la afirmación de las identidades indígenas en el país”.

“Hablar del proceso de consulta no debe remitirse solo a las cifras. Al número de reuniones o a la cantidad de participantes”, explicó la también integrante de la Organización de Jóvenes Ñuqanchik de Ayacucho. Pariona insistió en que es obligación del Estado el que los procesos de consulta velen por los intereses de los pueblos indígenas al ser ellos también ciudadanos de este país.

“Nosotros no estamos negándole el desarrollo a nuestro país”, explicó Ruth Buendía, presidenta de la Asociación de Comunidades Asháninkas del Río Ene CARE. En 2011, Buendía y su organización promovieron procesos de consulta internos, movilizaron a su pueblo y lograron que la empresa Odebrecht desista de construir una hidroeléctrica en su territorio.

Buendía señaló que el pueblo asháninka busca consolidar procesos de consulta de buena fe con el Estado y sin corrupción. Su único deseo es que no sean otros grupos los que se beneficien económicamente de la riqueza natural de sus comunidades sino que esta “se distribuya a nuestros pueblos para asegurar su desarrollo”.

Los Defensores del Pueblo de los países de América Latina culminaron el encuentro con una declaración en la que se denunció la situación de pobreza y discriminación que afectan a los pueblos indígenas en la región.

En el texto, los Defensores aseguraron que “garantizar el derecho a la consulta previa permite que los indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y su bienestar”.

La Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO es la agrupación que reúne a Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países iberoamericanos.

La cita en Lima tuvo como objetivo reflexionar sobre los avances y retos en la implementación del derecho a la consulta previa en los países de la región. Este encuentro representó una oportunidad para seguir avanzando en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

Pronunciamiento de la Federación Iberoamericana de Ombudsman